El Defensor del Pueblo Andaluz alerta en su informe anual correspondiente a 2011 sobre la "pérdida de derechos ya adquiridos" por los inmigrantes en la comunidad a consecuencia de la crisis económica, que ha provocado que se hayan "endurecido los criterios por los que se decide la selección de aquellas personas que deben ser beneficiarios de las oportunidades de trabajo y de las convocatorias de ayudas".
En el apartado relativo a la inmigración del informe sobre la crisis económica, la Oficina del Defensor pone de manifiesto que esta situación deriva en que "queda cada vez más lejos el extranjero de poder optar" a ofertas de trabajo y convocatorias de ayudas, "significando incluso una pérdida de derechos ya adquiridos en aras del beneficio de otros que en su día no mostraron el mínimo interés por ostentarlos".
Entre los casos más comunes, el informe cita "la denegación de autorizaciones de residencia inicial por la vía del arraigo social, debido a que la empresa tiene deudas con la Agencia Estatal Tributaria o con la Tesorería General de la Seguridad Social" lo que se ha traducido en quejas por no haber obtenido la solicitud de autorización de residencia durante un año y cuatro meses "debido a que tuvo que cambiar de empleador por deudas".
Junto a ello, el Defensor advierte sobre "la violación continua del principio de presunción de inocencia, denegándose un número elevado de renovaciones de autorizaciones de residencia y trabajo en base a los antecedentes policiales de extranjeros que aún no fueron ni siquiera juzgados, y que en muchos de los casos salen finalmente absueltos".
"SI LOS QUE EXCLUIMOS SON EXTRANJEROS, MEJOR"
"Se diría que se percibe un clima que lleva a este modo de proceder: mientras menos personas puedan optar al trabajo, entre menos deberemos competir, y si los que excluimos son extranjeros, pues mejor", subraya el informe, que reproduce una queja sobre una decisión una Subdelegación de Gobierno que, "basándose en un asunto aún no juzgado --y que finalmente quedó archivado--, denegó la renovación de la autorización de residencia a un extranjero, que se vio obligado a luchar y pleitear con la administración para no perder su condición de residente, después de ser titular de esta autorización durante cinco años, tener un amplio núcleo familiar y estar bien integrado".
Por último, el Defensor señala que "las intervenciones por parte de la Policía se contradicen con las últimas instrucciones dictadas por escrito al respecto, dando la impresión de que algo se respira en el ambiente, respaldado por los superiores, que empujan a imponer al extranjero que se encuentra en simple situación de estancia irregular la sanción administrativa de expulsión del país, en vez de multa".
"A pesar de tener arraigo en el país, por su estancia irregular se les persigue y se les vigila hasta culminar con su expulsión", critica el informe, que también cuestiona la decisión de optar por un "control más exhaustivo del tiempo que los inmigrantes permanecen en su país de origen, donde sus escasos recursos se multiplican, pero en su contra, si superan el tiempo máximo permitido, se les extingue sus tarjetas de residencia, lo que les obliga a permanecer en España en situaciones más precarias y luchando por los recursos básicos con otros que igual los necesitan".
Europa Press - 07/04/2012
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